22/03/2011 - EXPANSIÓN.COM - Tribunas - Imposición autonómica y voto con los pies

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Tribunas
Imposición autonómica y voto con los pies
Publicado 22/03/2011
Juan José Rubio Guerrero y Santiago Álvarez García

El economista estadounidense Charles Tiebout, prematuramente fallecido en 1968 a la edad de 44 años, está considerado como uno de los autores que más han contribuido al desarrollo de la teoría económica del federalismo fiscal.

Sus trabajos, junto con los de otros hacendistas coetáneos, como Richard Musgrave o Wallace Oates, se encuadran en la denominada ‘primera generación de la teoría del federalismo fiscal’. Tienen en común todos estos economistas la aplicación de un enfoque normativo, fundamentado en la actuación benevolente de un sector público que busca el mayor bienestar para el conjunto de la sociedad.

Bajo esta perspectiva, las ganancias de la descentralización fiscal provienen de la mejor adaptación por parte de los gobiernos regionales y locales a las preferencias de los ciudadanos sobre la provisión de bienes y servicios públicos que en el caso de su provisión por parte del gobierno central.

Su principal aportación es el denominado modelo o teorema de Tiebout, enunciado en 1956 en el trabajo A pure theory of local expenditures (Una teoría pura del gasto público local), en el que introdujo el concepto de voto con los pies. En él trata de dar respuesta a un problema clásico que se plantea en el campo de los bienes públicos, el de la revelación de las preferencias de los consumidores sobre el nivel de provisión que desean.

Bienes públicos y eficiencia

Los bienes públicos como la seguridad, el alumbrado, las carreteras, los servicios de saneamiento o los de bomberos, se caracterizan por el consumo conjunto por todos los individuos que forman parte de la comunidad y la imposibilidad de excluir a aquellos ciudadanos que no están dispuestos a pagar por ellos. Con estas condiciones, es evidente que el sector privado no puede proveer un bien público de forma eficiente, ya que no habría nadie dispuesto a comprarlo para que quede a disposición del resto de usuarios de forma gratuita.

Tampoco resulta sencillo para el sector público proveer de forma eficiente estos bienes. Para ello, tendría que conocer la cantidad que los consumidores desean y los precios, en forma de impuestos, que están dispuestos a pagar. El problema es que los ciudadanos tienen incentivos para ocultar sus verdaderas preferencias sobre el consumo de los bienes públicos.

Por una parte, si una persona considera que no existe relación entre el nivel de provisión que declara y lo que va a tener que pagar, tenderá a pedir una cantidad mayor a la que consumiría si tuviera que financiar su coste. Por otra parte, si piensa que lo que declara va a afectar a lo que debe pagar, lo racional es que solicite una cantidad inferior a la que realmente desea, ya que su respuesta tendrá una influencia pequeña en la cantidad total suministrada, que dependerá de las preferencias manifestadas por el conjunto de habitantes de la comunidad, e intentará trasladar a los demás el coste de la financiación.

Es el caso de los denominados usuarios gratuitos o free riders (viajeros sin billete o gorrones), que intentan disfrutar de los beneficios derivados del consumo de los bienes públicos pero evitando pagar los impuestos necesarios para su financiación. Esta ineficiencia asignativa puede ampliarse del campo de los bienes públicos a todos aquellos bienes y servicios suministrados por el sector público en los que el coste no se repercute a los usuarios, sino que se financia mediante impuestos.

Descentralización fiscal

En este contexto, Tiebout plantea como solución la descentralización fiscal. Si existen varias jurisdicciones, con diferentes niveles de provisión de bienes y servicios públicos, la movilidad interjurisdiccional de los ciudadanos les llevaría a revelar sus verdaderas preferencias al desplazarse a aquella localidad que les ofreciera la oferta impuestos-servicios públicos que mejor se adaptara a las mismas. A esta opción de seleccionar el lugar de residencia en función de las preferencias fiscales es a lo que se denomina votar con los pies.

La aplicación generalizada del modelo enunciado por Tiebout requeriría que existiera movilidad perfecta de los ciudadanos dentro de una nación, incluyendo los factores no fiscales, y que dispusieran de información perfecta sobre la combinación presión tributaria-provisión de bienes públicos en todas las jurisdicciones para poder realizar su elección. Si bien es cierto que se trata de dos condiciones muy restrictivas, también lo es que existen varios estudios empíricos, realizados principalmente en Estados Unidos y Canadá, en los que se contrasta la existencia de desplazamientos por motivos fiscales.

En nuestro país están empezando a existir diferencias importantes en relación con la tributación en las comunidades autónomas de régimen común. Hasta el año pasado, las más relevantes se producían en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A partir del año 2011 se han ampliado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Siguiendo la subida de los tipos impositivos estatales para los contribuyentes con rentas superiores a 120.000 euros, en Andalucía, Asturias, Cataluña, Cantabria y Extremadura, se han producido subidas en los tipos impositivos, en distintas cuantías y para umbrales de renta diferentes. En sentido contrario, se realizaban disminuciones en Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana, y no se registraban cambios en las otras siete comunidades.

En todo caso, las diferencias de tributación son significativas para los contribuyentes con rentas más elevadas, que son precisamente los que suelen tener más facilidades para cambiar su residencia. Este efecto puede ser muy relevante por el ‘efecto frontera’ acumulando los diferenciales de Renta y Sucesiones entre algunas comunidades autónomas, lo que va a suponer una ralentización de la actividad económica en aquellas que mantengan sus impuestos sin aumentos efectivos de recaudación.

Antes de continuar con estas medidas, los responsables políticos deberían considerar los problemas de pérdida de contribuyentes (y, por tanto, de bases imponibles y de recaudación) que pueden acarrear. Máxime teniendo en cuenta que no es evidente que esta mayor presión fiscal conlleve como contrapartida un mayor y mejor nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales.

Tampoco deben caer, como ya ha sucedido en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, en la tentación de deslegitimar y acusar de competencia fiscal desleal a quienes adoptan medidas opuestas. Si algunos ciudadanos se trasladan a otras comunidades autónomas será porque, como nos ha enseñado Tiebout, sus políticas presupuestarias responden mejor a sus preferencias.

Leer aquí: http://www.expansion.com/2011/03/22/opinion/tribunas/1300826438.html?a=1efa1d562335c0069663e93d971365ea&t=1300827290