23/09/2009 - EXPANSIÓN - Opinión - Competencia fiscal autonómica en el aire

EXPANSIÓN
Opinión
Competencia fiscal autonómica en el aire
Publicado el 23-09-09

Las imposiciones de dudosa constitucionalidad derivadas del Estatut catalán y el apremio del Gobierno por apuntalar sus precarios apoyos parlamentarios ha supuesto un elevadísimo coste para el Estado, superior a 11.000 millones de euros, en la nueva financiación autonómica.

Una sangría intolerable, aún más en un momento de absoluta indigencia de las cuentas públicas. Pero a mayor abundamiento, Zapatero también se ha plegado a las exigencias del PSC para dinamitar la competencia fiscal entre autonomías, fundamentalmente en lo que al impuesto de sucesiones y donaciones se refiere.

Según el texto remitido a las Cortes, las autonomías se verán desincentivadas a decidir rebajas o supresiones de esos impuestos pues la pérdida de recaudación se descontará de las cantidades que deberían recibir del Estado. La ley pretende también combatir las eventuales deslocalizaciones territoriales en busca de una fiscalidad más atractiva en tanto que las autonomías de origen pueden exigir el pago de tributo al contribuyente emigrado.

La influencia del tripartito catalán en la nueva financiación altera gravemente las estrategias fiscales de las autonomías. En particular de aquellas que, como Cantabria, Madrid, Valencia, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha habían suprimido dicho tributo para hacer más competitivos sus territorios.

Zapatero vuelve a subordinar sus decisiones a cálculos electorales, plegándose a los intereses del tripartito catalán, al que nunca le ha parecido bien que otras regiones eliminen este impuesto.

En la Generalitat no se sienten cómodos con la competencia fiscal –“dañina”, según Castells– entre autonomías, por el temor a una fuga de contribuyentes; una incoherencia cuando al mismo tiempo no duda en reclamar la plena autonomía fiscal para Cataluña que niega al resto.

Zapatero mata varios pájaros de un tiro. Contenta al tripartito, pero también hace un guiño al PNV, pues volverá a cobrar dimensión el tradicional privilegio de los ciudadanos del País Vasco y Navarra, donde las herencias no tributan, y cuya fiscalidad foral recuperaría el atractivo perdido frente a las autonomías limítrofes. Con ello, además, torpedea la estrategia liderada por el PP en Madrid de aligerar la carga fiscal de los ciudadanos.

En un contexto en el que las autonomías van a tener más incentivos para exigir el impuesto de sucesiones y donaciones que para suprimirlo, so pena de perder transferencias del Estado, vuelve a llover sobre mojado en la penalización fiscal de las clases medias.

Éstas no sólo se verán obligadas a pagar más por trabajar, por consumir y por ahorrar, como consecuencia de las subidas impositivas que proyecta el Gobierno, sino que se verá gravemente perjudicado todo aquel que tenga algo que dejar en herencia a sus hijos y no disponga de la capacidad de las grandes fortunas para diseñar mecanismos de sociedades y aprovechar los instrumentos jurídicos que, en la práctica, les permite eludir al Fisco.

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