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El laberinto fiscal autonómico se complica más en 2013
Publicado 12/01/2013
José Mª Camarero

LAS COMUNIDADES AUMENTAN LA MAYOR PARTE DE SUS IMPUESTOS

Nunca es agradable pagar un impuesto y menos aún si el importe de ese tributo cambia en poco tiempo. Después de que las Comunidades Autónomas presentaran a mediados de 2012 sus planes económico-financieros para cuadrar sus cuentas, la mayor parte de las regiones se han sacado de la manga nuevas modificaciones en los últimos días del año pasado. Lo han hecho junto a sus proyectos presupuestarios, a través de las leyes de acompañamiento, en las que se incluyen todo tipo de cambios tributarios.

El principal obstáculo al que se enfrenta el contribuyente es que no existe una línea fiscal definida, ni siquiera entre las Comunidades gobernadas por el mismo partido político. El «sudoku» tributario autonómico se complica aún más este año con nuevas cuotas, requisitos adicionales, deducciones convertibles y todo tipo de cambios legales que afectan al ciudadano desde el pasado 1 de enero.

PATRIMONIO, GENERALIZADO EXCEPTO EN MADRID

Desde que en septiembre de 2011, el anterior Gobierno recuperara el Impuesto de Patrimonio (IP), el goteo de Comunidades que han aplicado la nueva normativa ha sido constante en los últimos meses, hasta finales de diciembre, cuando se incorporaron Valencia y Baleares. Por eso, desde este ejercicio fiscal, los contribuyentes de todas las Comunidades deben abonar este tributo. Excepto en Madrid, donde se mantiene la bonificación del 100 por cien.

Hay que destacar que en Navarra se ha reducido el mínimo exento por vivienda de 300.000 a 250.000 euros; y en Andalucía se aplica un tipo máximo del 3,03 por ciento.

El impuesto que menos modificaciones tiene es el de la Renta, porque ya se encuentra vigente el alza de tipos aprobada por el Gobierno y por gran parte de las Comunidades, desde el año pasado y con efectos tanto para 2013 como, en la mayor parte de los casos, para 2014. Las únicas modificaciones han llegado en Extremadura y Aragón, donde se ha aprobado una deducción por material escolar; y Navarra, donde el importe máximo deducible por vivienda es de 7.000 euros (antes 9.040).

LOS TRIBUTOS INMOBILIARIOS, LOS MÁS PERJUDICADOS

La mayor parte de las Comunidades habían optado en los últimos años por incrementar los impuestos relacionados con las transacciones inmobiliarias, precisamente cuando estas operaciones se encuentran en mínimos. Desde este ejercicio, las pocas Comunidades en las que se aplicaba un tipo inferior a la media en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y en el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), lo han aumentado. Por ejemplo, en Cantabria ya se aplica un gravamen del ocho por ciento (era del cinco hasta el año pasado) para transmisiones de inmuebles que constituyen vivienda habitual. El tipo general del ITP en esta región es del 10 por ciento. También cambia el gravamen de este tributo en Galicia, donde ya se aplica el ocho por ciento, al igual que en la Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En esta Comunidad también se suprimen algunos casos a la hora de aplicar el tipo reducido. Además, hay que tener en cuenta que se mantienen los tipos del ITP inalterables en Madrid y La Rioja.

En cuanto al tributo de AJD, tanto Cantabria como Extremadura han aprobado el incremento del tipo máximo de este impuesto (que es el que se abona cuando se formaliza un documento hipotecario notarial, por ejemplo) hasta el 1,5 por ciento. En Baleares, se establece en el 1,2 por ciento. Sin embargo, en La Rioja se mantiene el tipo reducido del 0,5 por ciento.

SUCESIONES Y DONACIONES SE MANTIENEN INALTERABLES

Casi ninguna Comunidad ha optado por modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), sobre el que tienen plena capacidad normativa. Y las que lo han hecho ha sido para introducir algunas reducciones de la cuota para bonificar operaciones como la transmisión de negocios entre padres e hijos (como Galicia y Castilla y León) o la de primera vivienda habitual (Extremadura).

El único incremento de tipos se ha aprobado en la región de Murcia, donde a partir de ahora se aplicará un gravamen máximo del 36,50 por ciento.

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