25/05/2011 - Opinión - Defendamos el Estado del bienestar

EL PERIÓDICO.COM
Opinión
Defendamos el Estado del bienestar
Publicado 25/05/2011. Edición Impresa, Opinión, pág. 12
Albert Puig, Profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya.

La economía y los ciudadanos

La UE debe recaudar impuestos y permitir un gasto público que supere el límite del 1,27% del PIB

Estamos asistiendo en las últimas semanas a un debate sobre la propuesta, revestida de necesidad, de recortes en los gastos públicos por parte de la Generalitat. Teniendo en cuenta que más del 50% de estos gastos tienen como destino la provisión de servicios y bienes públicos de carácter social (salud, educación, vivienda, cultura, atención social, ocupación...), es obvio que la mayor parte de los recortes tendrán como objetivo alguno(s) de estos ámbitos.

Pero los gastos sociales no son los causantes de la crisis económica. Ni siquiera de la crisis fiscal del Gobierno catalán. Y mucho menos su recorte nos ayudará a salir de la situación económica en que nos encontramos. Es por tanto muy injusto cargar sobre ellos el coste del ajuste. Hay que tener presente, además, que el gasto social por habitante en España es de los más bajos de la Unión Europea. Con datos del 2007, España gastaba 5.526 euros por persona en este tipo de gastos (un 21% del PIB), Suecia 9.028 euros (29,7%) y Dinamarca 8.630 (28,9%). Entre los países de la UE más avanzados, solo Portugal tenía un gasto social por persona inferior al de España (4.700 euros), pero con un peso sobre el PIB más alto (24,8%).

En el 2010, el déficit presupuestario de la Generalitat fue del 3,6% del PIB. Las causas fueron, por un lado, la disminución, en relación con el 2009, de un 24% de los ingresos tributarios debido a la contracción de la actividad económica y la supresión de algunos impuestos y, por otro lado, al aumento de la carga financiera derivado de la mayor deuda contraída. El dato del déficit no es precisamente escandaloso, pero si tenemos en cuenta que el Gobierno central ha aceptado, en el marco del pacto por el euro, lograr un déficit público del 6% en el 2011 y del 3% en el 2013, estas prácticas de austeridad las está exigiendo también a los gobiernos de las comunidades autónomas.

En mi opinión, sin embargo, hay algunas otras vías a explorar para intentar mantener el nivel de gastos públicos sociales (incluso el conjunto de los gastos públicos). Para ello, hay que partir de una premisa: España debe aumentar su recaudación fiscal. Con datos recientes de Eurostat, solo Irlanda, Letonia, Lituania y Eslovaquia tienen menor recaudación fiscal por habitante, lo que limita notablemente su capacidad de gasto. Y debe aumentarla a través de la imposición directa, porque es la manera más equitativa de distribuir las cargas de la crisis. En las últimas décadas, todas las reformas de impuestos -y no solo en España- han ido en sentido contrario (disminución de los tipos marginales del IRPF, disminución del impuesto sobre sociedades...), lo que ha contribuido a vaciar las cajas de los estados y neutralizar la progresividad de sus sistemas tributarios. Estas políticas, llevadas a cabo durante el periodo expansivo, no derivaron en una pérdida sensible de ingresos debido al fuerte dinamismo económico, pero ahora, con una fuerte contracción de la actividad, han puesto de manifiesto el vaciado de las arcas públicas y, con ello, la pérdida de capacidad (también por la cesión de algunos instrumentos clave derivada de la pertenencia a la UE) para incidir en la economía por los poderes públicos.

Para aumentar los ingresos, cada nivel de la Administración debe hacerlo en la medida de sus posibilidades. La Generalitat, por ejemplo, puede no abolir el impuesto de sucesiones (parece bastante contradictorio proponer recortar gastos y, a la vez, pretender eliminar un impuesto ya de por sí muy debilitado en la última reforma del Govern anterior) e incluso recuperar el impuesto de patrimonio. El Gobierno español puede avanzar en la equiparación de la tributación de las rentas del capital y las del trabajo, establecer un impuesto sobre las grandes fortunas, aumentar la tributación de las Sicav, etcétera.

En segundo lugar, se debe exigir mayor responsabilidad a la UE en la defensa de su modelo social. La UE no ha servido, tal y como está planteada, ni para evitar la crisis ni para evitar que los territorios y los grupos sociales que más han sufrido sus consecuencias sean los mismos de siempre. Más bien parece que el hecho de no haber establecido determinados mecanismos de defensa del euro o de reequilibrio territorial y social ha contribuido a agravar los efectos de la crisis. De hecho, una buena parte de las crisis fiscales de los gobiernos europeos (estatales, regionales…) viene explicada por esta Europa voluntariamente incompleta.

Es preciso un sistema impositivo europeo con capacidad para recaudar impuestos y un mayor gasto público del que permite el establecimiento del límite del 1,27% del PIB europeo. Este mayor potencial de gasto permitiría una mayor redistribución de recursos a escala europea, tanto a nivel territorial como de grupos sociales. El Gobierno de la UE debe comprometerse en la gestión y suministro de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades públicas de los europeos: además de ser lo que garantiza mayor cohesión social, contribuiría a la sostenibilidad del Estado del bienestar europeo, el elemento más diferenciador y propio que tiene Europa, muy por encima del que pueda llegar a tener el euro.

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