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El precio de ser catalanes
Publicado 18/02/2011
Robert Pastor, Periodista

EL título se corresponde con un libro de Patrícia Gabancho que fue número uno entre los de no ficción hace unos pocos años, pero sigue de actualidad y lo que te rondaré…

En estos tiempos de vendaval antiautonómico, no digamos antisoberanista, el gobierno socialista sigue demostrando que, a la hora de las definiciones del Estado, no hay diferencias, o son de escasos matices, entre derecha e izquierda españolas. La petición de la vicepresidenta Salgado al Govern Mas para que aplique un suplemento de tijera al sacrificio ya asumido de reducir en el 10% los presupuestos del Principat o aumente los impuestos, es tan sintomático como la reacción general contra la concesión de Zapatero de un nuevo endeudamiento al gobierno territorial.

Cómo será la cosa que hasta la presidenta del Partido Popular en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, salió en defensa de la política económica de CiU. Sin que desde Madrid la obligasen a rectificar, como hicieron rápidamente con los correligionarios de Basagoiti cuando alguno se anticipó a aceptar implícitamente la legalización de Sortu como mínimo a medio plazo.

Las cifras son rotundas. Según el cálculo del propio Gobierno español, el déficit fiscal (la diferencia entre los impuestos que pagan los catalanes y lo que les revierte) es de 18.000 millones. La deuda que pretende emitir el ejecutivo de Mas, de 11.000. La reducción del déficit estatal anunciada, progresivamente, es hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB). La que se exige a Catalunya, del 1,3%.

Sigamos: pedir que se aumenten los impuestos propios al Principat es todo un sarcasmo, cuando el peso fiscal que soporta su ciudadanía es el más alto del Estado, ni más ni menos que el 49%. El tripartito anterior ya subió el IRPF mientas Madrid, la Rioja, Murcia y Valencia lo redujeron. También se rebajó el impuesto de sucesiones, pero es que en la mayoría de comunidades se ha suprimido, simplemente. También se subieron las cargas de las transmisiones patrimoniales y por matriculación de vehículos.

Añádase el coste de la vida, muy por encima del de la mayoría de territorios, la superabundancia de peajes en autopistas (sólo equiparable a la de Euskadi) y el aluvión de nuevos inmigrantes, oficialmente cerca del millón y medio, que han elevado el total de la población de los clásicos seis millones, tantas veces citado por Jordi Pujol, a siete millones y medio, con las correspondientes cargas en forma de servicios sociales, más deficitarios con la crisis y la pérdida de empleos por parte de los llegados más recientemente. Sólo en sanidad, el déficit fue de 850 millones en el último año.

Los números de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) citados por Jordi Barbeta en La Vanguardia son el mejor resumen de la situación: Catalunya es la cuarta comunidad por Producto Interior Bruto en el conjunto del Estado, pero la octava en poder de compra de los ciudadanos, por todas las cargas añadidas que soportan y por la acumulación de unos aumentos de precios (IPC) más altos que en el resto de la Península.

La independencia, visto lo visto, ha dejado de ser para los catalanes una cuestión de sentimientos, de identidad propia, y ya es una liberación de la cartera. Patronales, cámaras de comercio, y entidades de la sociedad civil, directamente o por pasiva (denunciando y protestando contra la sangría española) hace tiempo que insisten en esta realidad. Y todavía hay catalanes unionistas. Para que luego salgan con los tópicos de la insolidaridad, o la racanería catalana. Si "la pela es la pela" (el euro, euro), el corolario no puede ser más claro. Tanto como los obstáculos y el mantenimiento de la explotación que los dirigentes españoles insisten en mantener y no enmendar.

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