30/10/2009 - Edición impresa - Opinión - El impuesto de Sucesiones

La Vanguardia. Edición impresa
Opinión
Publicado 30/10/2009. Pág. 22

EL movimiento popular que ha aflorado a favor de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Catalunya se basa en argumentos justos y razonables que la Generalitat debe tener en cuenta. Algunas formaciones políticas, como CiU, han recogido esta preocupación de la sociedad catalana y se han erigido en defensores de la iniciativa, tanto en el Congreso como en el Parlament. Hasta ahora esta propuesta no ha logrado los apoyos necesarios del resto de los partidos, ni en Madrid ni en Catalunya, pero la reciente incorporación a este movimiento de Esquerra Republicana, con matices, constituye un hecho relevante que pone más peso en la balanza a favor de reformar dicho impuesto.

El secretario general de ERC, Joan Ridao, ha sido muy explícito al afirmar que no se puede remar contra la gente, en clara referencia a la creciente oposición popular contra el gravamen de las sucesiones. Los otros dos socios de la coalición que gobierna la Generalitat se cierran en banda al planteamiento de suprimir este impuesto. Pero la actitud de ERC de proponer un pacto entre el tripartito y CiU abre el camino hacia una rebaja del gravamen de esta figura impositiva.

La decisión más justa y acertada pasa por la supresión del impuesto o su reducción a la mínima expresión, como sucede en el resto de autonomías salvo Extremadura. No sólo se trata, por tanto, de un impuesto injusto, sino que su mantenimiento en Catalunya supone un serio agravio comparativo para sus ciudadanos.

Se trata de un impuesto estatal, por lo que su supresión corresponde al Parlamento español. Pero las comunidades autónomas, dado que es un tributo que les fue cedido en el sistema de financiación autonómica, tienen competencias para establecer la base imponible, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones. De ahí el amplio margen de maniobra que tiene la Generalitat para modificar dicho impuesto.

Ya que legalmente desde Catalunya no puede suprimirse, el gravamen sobre las sucesiones debería reducirse al mínimo posible, a un simbólico 1%, para responder a la creciente demanda de la ciudadanía, al menos para los familiares directos, como los cónyuges, los hijos o los ascendentes. Tal como está configurado el impuesto, la Generalitat puede llegar a quedarse hasta con el 30% de la herencia, lo que supone un acto claramente confiscatorio. Yno sólo afecta a las grandes fortunas, como dicen los defensores de esta figura tributaria, sino especialmente al conjunto de las clases medias y trabajadoras. Estas no disponen normalmente de los adecuados asesoramientos legales y los herederos se enfrentan a graves problemas para poder pagar esa enorme proporción del patrimonio que les dejan sus seres más próximos al morir, sobre todo en momentos de crisis como los actuales. Es una especie de peaje de la muerte, como dicen sus detractores.

El impuesto de sucesiones, según destacados fiscalistas, no responde a los principios constitucionales de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Además, al igual que sucede con las donaciones, supone un doble impuesto, ya que las rentas que se gravan ya han tributado durante toda la vida del donante. Así se penaliza a las personas y familias que han priorizado la actitud de ahorrar frente a la de gastar, una cualidad que forma parte de la esencia de Catalunya. Por todo ello, la Generalitat debería ser sensible a la demanda de la sociedad catalana respecto al impuesto de sucesiones.