24/02/2011 - REPÚBLICA.ES - Opinión - Todos quieren poner impuestos

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Opinión
Todos quieren poner impuestos
Publicado 24/02/2011
Primo González

La maraña fiscal que nos rodea está ampliándose con el avance de la crisis económica. Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas habían estado utilizando su capacidad normativa, que les permitía crear tributos o modificar, el caso autonómico, los cedidos, generalmente para conceder a los habitantes de sus respectivos territorios un trato fiscal más favorable. Es por este camino por el que se generalizó hace unos años la supresión o disminución de impuestos como el del Patrimonio y luego el de Sucesiones, que hoy parecen más bien figuras del pasado que tributos en trance de reaparición.

Pero las cosas han cambiado mucho desde hace tres o cuatro años para acá y lo que antes era una oportunidad para congraciarse con los ciudadanos de la región, rescatándoles de la voracidad de las ansias recaudatorias estatales, ahora empieza a mostrar otra cara menos amable. No hay que olvidar que por el medio ha sucedido una cosa terrible para los recaudadores, la crisis inmobiliaria, que ha dejado a muchos Ayuntamientos españoles sin oxígeno, cuestión más preocupante cuanto que muchos de ellos, en su irresponsable galopada en busca de multiplicar los servicios a los ciudadanos, se han embarcado en costosas estructuras de costes, que ahora resultan insostenibles.

Ya hace unos cuantos años, antes del inicio de la crisis (año 2001), Extremadura puso en marcha un nuevo tributo destinado a gravar los depósitos bancarios, tributo que ha generado unas obligaciones de pago (como está recurrido ante los tribunales superiores, el Constitucional, aún no hay desembolsos realizados, pero sí cantidades devengadas, con los consiguientes avales) del orden de los 200 millones de euros. Andalucía ha seguido el ejemplo. El Constitucional lleva nueve años dándole vueltas a este recurso, lo que dificulta aún más las cosas. Parece que Castilla La Mancha, en plena campaña electoral autonómica, ha tenido similar ocurrencia. Más carne en el asador han puesto algunas autonomías en fecha más reciente, creando una sobre tarifa en el IRPF para las rentas más altas, una medida que han instrumentado ya cuatro Autonomías.

Un estudio dado a conocer estos días señala que los tributos propios, creados por las Autonomías (unos 50 hay ya funcionando), están aportando más confusión y descontento que dinero recaudado, ya que el volumen de lo ingreso apenas supera los 1.100 millones de euros, lo que otorga a estas figuras fiscales un papel más negativo que positivo. Al representar poco más del 1% de la recaudación total del país, su papel es más el de estorbos incómodos que de apoyos a engordar la caja pública. Se da la circunstancia de que el coste de recaudación de este medio centenar de tributos – según estimaciones del REAF, Registro de Economistas Asesores Fiscales) puede resultar en algunos casos superior al importe de lo recaudado, de modo que la supresión de algunas de estas figuras fiscales generaría un ahorro del gasto público.

La maraña de tributos, que están complicando la vida a los ciudadanos y a las empresas, puede generar efectos de deslocalización de la actividad económica y del ahorro, fenómeno nada deseable en un país como España, en el que existe –salvo las dos excepciones de ámbito foral, Navarra y País Vasco – una tradición de fiscalidad homogénea y centralizada, que ha sido más eficaz de lo que a veces se considera. Hay diferencias entre regiones u autonomías españolas y hay diferencias en el trato que reciben los ciudadanos. Dos fenómenos a los que el Gobierno, de cualquier signo, debería poner coto cuanto antes. La tentación de crear figuras fiscales nuevas es ahora mismo bastante alta, dada la escasez de recursos. Pero todo ello choca con los deseos de reactivar la economía, impulsar la actividad y ofrecer estímulos a los inversores, medidas que resultan bastante más necesarias que la construcción de un complejo y costoso andamiaje fiscal con múltiples centros de decisión, que sólo puede ir en detrimento del progreso económico.

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