07/04/2011 - DIARIO DE MALLORCA.ES - Opinión - Cataluña baja impuestos

DIARIO DE MALLORCA.ES
Opinión
Cataluña baja impuestos
Publicado 07/04/2011
ANTONIO PAPELL

Una de las escasas ofertas estrella de Artur Mas en el programa electoral de CiU para las pasadas elecciones autonómicas catalanas era la supresión del impuesto de Sucesiones. Y Artur Mas no ha tenido más remedio que honrar su palabra, y lo ha hecho el día en que se cumplían cien días de su entronización como presidente de la Generalitat. El asunto recuerda la rápida retirada de las tropas españolas de Irak poco después de que Rodríguez Zapatero alcanzara la presidencia del Gobierno en 2004: nada podría justificar que un candidato electo no cumpla aquellas promesas que más ha enfatizado antes de ganar.

Dicho esto, hay que manifestar acto seguido el estupor insuperable que produce el hecho de que, cuando Cataluña debe someterse a un gran ajuste fiscal para cumplir sus obligaciones en materia de déficit público, y cuando se encuentra en pleno regateo a cara de perro con el Gobierno central, asimismo constreñido por las obligaciones europeas y por la presión de los mercados, el gobierno de Artur Mas lance una clara señal en dirección contraria, y en forma de una nueva bajada de impuestos, que representará una rebaja de la recaudación de 150 millones de euros en 2011 y de 100 millones en 2012.

El impuesto de Sucesiones, un vestigio del anacrónico criterio de redistribución de la riqueza con el que se pretendía que retornaran a la comunidad las riquezas atesoradas por sus miembros a costa del conjunto, perturba extraordinariamente la continuidad de las empresas familiares, por lo que la tendencia general es la de su supresión (ya se ha hecho en las comunidades de Madrid y Valencia). Sin embargo, la inoportunidad de eliminarlo en Cataluña precisamente ahora es sangrante, e inevitablemente debe provocar una reflexión sobre las preferencias que deben mantener en todo caso los poderes públicos a todos los niveles administrativos.

Nuestro modelo socioeconómico occidental se basa en un creciente consenso en torno a la idea de que los grandes valores democráticos –y en especial la igualdad de oportunidades en el origen– se alcanzan materialmente a través de unos grandes servicios públicos universales y de calidad. Y en Cataluña, el recorte ya acordado del 10% del presupuesto –de un presupuesto que en un 80% se destina a Educación, Sanidad y servicios sociales– compromete seriamente la calidad de tales prestaciones… aunque finalmente la Generalitat consiga pactar con el Gobierno central el aplazamiento de otros recortes que se le reclaman para no rebasar este mismo año el límite de déficit del 1,3% del PIB.

Así las cosas, parece claro que el objetivo máximo de la política catalana no puede ser la reducción de la presión fiscal sino la consecución de un equilibrio entre ingresos y gastos que permita atender cabalmente las obligaciones del sector público para con la ciudadanía. Qué duda cabe de que la rebaja de impuestos favorece la economía productiva, pero este criterio no puede aplicarse dogmáticamente y a costa de degradar la sanidad o de empeorar cualitativamente la educación.

El gran debate sobre la financiación del Estado complejo, y, en definitiva, sobre el tamaño óptimo de ese Estado está todavía por llegar; sin embargo, las sucesivas aproximaciones deben perseguir los mencionados equilibrios, y no la demagógica aproximación a objetivos concretos que apenas satisfacen a sectores clientelares determinados.

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