15/12/2009 - Opinión - Sucesiones, semana clave

LA VANGUARDIA
Opinión
Sucesiones, semana clave
Publicado 15/12/2009. Edición impresa, pág. 18.

EL Parlament de Catalunya tiene previsto debatir y votar esta semana la reforma del impuesto de sucesiones, un cambio que ha dividido al Govern de la Generalitat. La propuesta que presentan PSC y ERC, que prevé una rebaja del citado impuesto, no cuenta hasta el momento con el apoyo de ICV-EUiA, el tercer socio del tripartito catalán. La creciente presión social contra el impuesto de sucesiones ha convencido a los dos partidos citados de la necesidad de reducir dicho impuesto. Atendiendo a ese clamor, la reforma ha sido impulsada con vehemencia por el conseller de Economia, Antoni Castells, consciente, sin duda, de que el inmovilismo en esta materia podía tener consecuencias electorales. Castells ha estado rápido y hábil pero su voluntarismo no está teniendo el imprescindible apoyo de sus socios en el Consell Executiu. La bonificación que propone el Govern, y que se aplicaría al ciento por ciento en el 2012, se basa en el mantenimiento de la exención por la vivienda habitual heredada, hasta 500.000 euros, y en el aumento del mínimo exento de declarar por otros conceptos hasta 500.000 euros para el cónyuge, 400.000 para los hijos, 200.000 para el resto de descendientes y 100.000 para los ascendientes. El planteamiento de ICV es limitar esas bonificaciones tan sólo a la mitad.

Este diario ha defendido repetidamente desde hace mucho tiempo que la postura más coherente con respecto al impuesto de sucesiones es su supresión total, o bien su limitación hasta niveles simbólicos, al igual que han hecho la mayoría de las comunidades autónomas españolas. Tanto las gobernadas por el PP, que
iniciaron el proceso, como muchas del PSOE que acabaron sumándose. Legalmente, desde Catalunya, el impuesto sobre sucesiones no puede suprimirse, ya que tiene carácter estatal. Pero la Generalitat tiene
competencias para establecer la base imponible, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones, y por tanto margen de maniobra suficiente para reducirlo a un simbólico uno por ciento, para responder a la creciente demanda de la ciudadanía, al menos para los familiares directos.

El impuesto de sucesiones no responde a los principios constitucionales de igualdad, progresividad y no
confiscatoriedad. Además, la tributación de las sucesiones, al igual que sucede con las donaciones, supone un doble impuesto, ya que las rentas que se gravan ya han tributado antes a lo largo de toda la vida del donante. Con ello se penaliza a quienes han priorizado el ahorro, una cualidad que forma parte de la esencia de Catalunya. Al margen de estas consideraciones, no tiene ningún sentido que los herederos
catalanes sean discriminados con respecto a los del resto de España.

La posición intransigente que mantiene ICV respecto a la reforma del impuesto de sucesiones no sólo divide al Govern, sino que provoca una situación paradójica en un gravamen que, en la práctica, sólo pagan las
clases medias, ya que las grandes fortunas tienen su patrimonio en empresas que tienen una bonificación fiscal del 95%. Si PSC y ERC quieren sacar adelante su propuesta de reforma del impuesto de
sucesiones en el Parlament deberán pedir el beneplácito de la oposición para tener mayoría, de forma que CiU y el PP la apoyen con sus votos favorables o bien se abstengan.

La actual aritmética parlamentaria hace que, sin el concurso de los votos de ICV, el Govern,
pese a los loables esfuerzos de Castells, esté en minoría y sean CiU y PP quienes representen la postura mayoritaria. Por tanto, lo más lógico en este caso sería que se impusiera el criterio de supresión del
gravamen que defienden estas dos formaciones políticas. El conseller ha intentado por todos los medios sumar a ICV a su plan, pero ni él ni Esquerra pueden pretender que el apoyo que no han tenido de sus socios
se lo dé la oposición renunciando a la coherencia y al compromiso con sus electores, máxime cuando la postura que defienden CiU y PP representa en estos momentos la mayoría social. Puede que el PSC y ERC
estén tentadas de responsabilizar a la oposición de que no haya una rebaja del impuesto, pero en este caso debería ser el Govern el que acercase sus posiciones a las de la oposición, no al revés.

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