14/11/2009 - Opinión - Cuando hay un problema

LA VANGUARDIA.ES
Opinión
Cuando hay un problema
Publicado 14/11/2009
Susana Quadrado

La financiación de la ley de Dependencia debe revisarse, pero el Gobierno y la Generalitat callan

Empecemos por donde hay que empezar: casi la mitad de los dependientes asegura que corre a cuenta de su bolsillo el coste total de los servicios que necesita para seguir con su vida cotidiana. Lo dice uno de tantos estudios –este en concreto, de la Fundación Caser– cuyo destino es aparecer un día sobre alguna mesa ministerial para acabar olvidado en un cajón. La cosa es seria. La ley de la Dependencia, una norma que cruza todas las edades de la vida, está subfinanciada y ya afloran las consecuencias.

No, no es que la ley sea mala. Cuando se aprobó hace tres años, se nos dijo que se estaba construyendo el cuarto pilar del Estado de bienestar, que era un hito histórico, que se atendían derechos individuales, que se iba a garantizar un mínimo de protección para todos los ciudadanos... Nos alegraron los oídos alentando falsas expectativas. Ya entonces se advirtió que si la ley no iba acompañada de suficiencia financiera, se generaría frustración entre los afectados y sus familias. Y así ha sido. La crisis ha hecho el resto. El problema es real y significativo. La gente empaña a diario cartas en los diarios con sus quejas. Escriben su historia después de enfrentarse a un complejo trámite burocrático para recibir la ayuda: para un mismo problema, se puede llegar a recurrir a tres ventanillas independientes y, en general, no coordinadas (social, sanitaria y dependencia). El resultado final es una excesiva espera para una prestación, en muchos casos, insuficiente o que llega demasiado tarde. El número de solicitudes y el coste de los servicios es superior al previsto. La factura pública además se ha disparado, ya que la administración ha tenido que compensar la falta de servicios (residencias de día, rehabilitación, etcétera) con ayudas al cuidador familiar. El Congreso de los Diputados encargó a un grupo de expertos economistas un informe para evaluar la situación. La conclusión ha sido inequívoca: la ley de Dependencia es insostenible y más lo será en los próximos años, con una población más envejecida. Los economistas urgen a buscar nuevas fórmulas de financiación y hacen sonar todas las alarmas. Pero, ¡zas!, ahí aparecen sugerencias políticamente impopulares: una subida de impuestos finalista, que el ciudadano pague un seguro obligatorio de dependencia a partir de cierta edad equivalente a la cotización e incluso mantener el impuesto de sucesiones pero con carácter finalista. Una justicia social a través de los impuestos, por qué no. ¿Demasiado liberal? Está claro que hay que revisar la ley.

Nos tememos que todo quedará en nada, como ocurrió con los informes Abril Martorell o Vilardell sobre el sistema sanitario público. Ante la razón de los economistas, el Gobierno calla y la Generalitat lanza balones a Madrid. Si no hay dinero para la ley, que se diga. Si hay que retrasar las prestaciones para los dependientes leves, que se diga. Y si no, que se den soluciones. El silencio es cobarde.

Leer aquí: http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091114/53824141838/cuando-hay-un-problema-generalitat-congreso-madrid-estado.html