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Publicado 24/12/2010. Edición impresa

CiU firma un pacto de investidura con el PSC, que incluye la preservación de la política lingüística

La abstención de los 28 diputados del Partit dels Socialistes hizo posible que Artur Mas, líder de Convergència i Unió, fuera investido ayer presidente de la Generalitat, el octavo desde la recuperación de la institución con la Segunda República y el quinto de la actual democracia. Los socialistas facilitaron el mandato surgido de unas urnas que concedieron a CiU 62 diputados, seis por debajo de la mayoría absoluta. Con el pacto de investidura, solemnemente suscrito minutos antes de iniciarse la sesión en el Parlamento de Cataluña, se franqueaba el acceso de Mas a la presidencia.

Lo que en otras circunstancias o latitudes sería un pacto de legislatura -del todo necesario para afrontar la crisis-, en Cataluña no ha pasado de ser un acomodo para la investidura. Al menos eso es lo que dicen los firmantes, conscientes de que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. El acuerdo es toda una señal de los derroteros que puede tomar esta compleja legislatura que se inicia y en la que se deberán abordar medidas urgentes ante la magnitud de la crisis económica.

Surgen, no obstante, interrogantes. El discurso de Mas incidió en el "derecho a decidir", para resaltar el papel de Cataluña como realidad dinámica y penetrar en un terreno inexplorado por el nacionalismo conservador catalán: el pacto fiscal. La concreción del pujolismo, que en 23 años de gobierno evitó las aventuras de final incierto, parece haberse quebrado. El nuevo presidente y líder de CiU ha dado alas a tan inciertas propuestas. Mas sabe que el concierto económico es insoportable para España (en la proporción del cupo vasco o navarro), pero ha decidido jugar con la ambigüedad, quizás el único nexo que queda entre el nuevo nacionalismo de CiU y el viejo pujolismo. El derecho a decidir prolonga la imagen de aquel Pujol que sugería que el nacionalismo de CiU era un tren en el que cada cual decide en qué estación se apea. Ahora, la estación final parece llamarse independencia, aunque desaparezca del programa. A pesar de las distancias semánticas, tanto la vieja como la nueva CiU prefieren los acuerdos con las fuerzas políticas con implantación en toda España, y en concreto con los socialistas, con los que comparten un amplio universo: en infraestructuras, en educación, en sanidad, en seguridad o en política lingüística.

El pasado miércoles, CiU y PSC coincidieron en evaluar que las tres sentencias del Supremo sobre el modelo lingüístico en la enseñanza obligatoria en Cataluña no obligaban a cambiar el modelo vigente. Este análisis es compartido por juristas que rechazan que el Supremo pueda modificar una ley. En cualquier caso, algunas de las reflexiones del Supremo, que hacen una interpretación muy restrictiva de los ambiguos párrafos del Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto, aconsejan una detenida lectura por parte del Gobierno catalán, ante la posibilidad de que los recursos vuelvan a repetirse. Las sentencias contemplan un panorama legal, el de 2006, que ya no es el actual. La política lingüística escolar históricamente ha concitado el apoyo del 90% del Parlamento catalán. Así sucedió con la Ley de Normalización Lingüística y con la de Política Lingüística.

Del programa presentado por Mas destacan las escasas concreciones y una finta a las políticas impopulares. Es difícil rehuir el copago sanitario y no reducir las prestaciones. No casa la eliminación del impuesto de sucesiones con el inevitable incremento de la presión fiscal para todos. El nuevo presidente catalán debería haber concretado mucho más el modelo energético y reconsiderar su intención de borrar de un plumazo la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en los accesos de Barcelona.

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