28/06/2010 - NORTE CASTILLA.ES - Economía - La isla impositiva de Castilla y León

NORTE CASTILLA.ES
Economía
La isla impositiva de Castilla y León
Publicado 28/06/2010
ÁNGEL BLANCO
VALLADOLID

El presidente de la Junta se ratifica en que incrementar los impuestos «no es el camino»

Todas las demás comunidades autónomas han creado algún tributo propio para paliar el desplome de la recaudación

El desplome de los ingresos fiscales ha cobrado tintes dramáticos en España y ha obligado a poner a dieta estricta el gasto inversor de las administraciones públicas y en la picota servicios del estado del bienestar (sanidad, educación, dependencia) que consumen ingentes cantidades de dinero. La situación es tan grave que incluso los partidos han empezado a recortar las cúpulas de altos cargos. Dentro de unos días, el 1 de julio, entrará en vigor la subida del IVA decretada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que elevará el tipo reducido del 7% al 8% y el general, del 16% al 18%. Además, todas las comunidades autónomas han aprobado en los últimos años la creación de algún impuesto propio con el que recaudar fondos adicionales que alivien la situación. ¿Todas? No, Castilla y León es la única que se resiste a seguir la tendencia y permanece sin ningún tributo autóctono, como un islote atípico dentro del mapa autonómico de España.

Las comunidades de régimen común (excluidas el País Vasco y Navarra, que tienen régimen foral) ingresaron 1.182,87 millones de euros en el 2008 en concepto de tributos propios y recargos sobre impuestos estatales, de los que la mayor parte proceden del canon de agua o de saneamiento que aplican en sus respectivos territorios. El dato figura en un informe sobre tributación autonómica elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda y publicado el mes pasado.

Desde que el sistema de financiación autonómica de 1997 promovido por Rodrigo Rato cedió a las comunidades una parte del IRPF y les dio capacidad para crear impuestos o imponer recargos a los ya existentes, los gobiernos autonómicos han legislado en materia tributaria con una timidez generalizada. El temor al coste que puede tener una reacción ciudadana adversa ante un nuevo impuesto se erige como factor determinante en políticos de uno y otro signo. Hasta ahora. Las recientes subidas de la presión fiscal a las rentas altas decretadas en Cataluña, Andalucía o Extremadura no son más que la antesala de un nuevo escenario en el que las comunidades tendrán que decidirse a ejercer más activamente sus poderes en materia de nuevos impuestos.

Pedro Solbes en su día, Elena Salgado ahora y hasta José Blanco el pasado martes han animado a las comunidades a que recauden sus propios impuestos y respondan de ellos ante los ciudadanos. «Se tiene que acabar la broma de que los gobiernos autonómicos gasten y luego reclamen dinero al Estado como si éste tuviera una fábrica de recursos ilimitada», dijo el ministro de Fomento.

Así que la próxima reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas abrirá aún más la puerta a que las autonomías creen nuevas figuras impositivas para paliar su escasez recaudatoria. La ley convalidará gravámenes como el de las grandes superficies y dará carta de naturaleza a la moda de los impuestos verdes. Este año, Cantabria ha creado un impuesto sobre los residuos; Galicia, un canon sobre las eólicas; ocho autonomías han endurecido el canon sobre el agua y el saneamiento; y Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura han retocado tributos medioambientales que ya tenían.

Por otro lado, no puede obviarse que el monopolio histórico de la recaudación por parte del Estado central deja pocos resquicios a las autonomías a la hora de imaginar nuevos tributos. Así que la nueva financiación legalizará también el establecimiento de impuestos autonómicos en servicios que, como la recogida de basura, actualmente ya cobran los ayuntamientos.

Orgulloso de ser la excepción

El ejecutivo de Juan Vicente Herrera no tiene intención de dejar de ser 'el raro' del mapa autonómico. El pasado miércoles en el Debate sobre el Estado de la Región, el presidente de la Junta defendió que en un momento económico como el actual, las subidas de impuestos «no son el camino» porque impactan negativamente en la demanda, el consumo y la inversión. Herrera proclamó que Castilla y León «no va a seguir por esa senda» emprendida por el Gobierno de la Nación.

Tras declararse consciente de que todas las comunidades «han decidido obtener nuevos recursos incrementando la presión fiscal a sus ciudadanos», Herrera argumentó en su discurso que las subidas de impuestos «disminuyen la capacidad de colectivos que ya se ven o se van a ver afectados por recortes de ingresos y de prestaciones públicas o por fuertes aumentos en suministros esenciales como la luz; impactan negativamente en la demanda, el consumo y la inversión, reduciendo la actividad económica cuando necesitamos justo lo contrario; y la experiencia nos ha demostrado que un incremento de impuestos no se traduce necesariamente en un inmediato incremento en la recaudación, e incluso en muchas ocasiones el efecto es precisamente el contrario». Por todo ello, concluyó, «Castilla y León no va a seguir esa senda, emprendida por el Gobierno de la Nación en clara contradicción con decisiones anteriores en materia de renta y de patrimonio». A continuación, Herrera remarcó que la Junta mantendrá íntegro el actual marco de beneficios fiscales.

El año pasado, la comunidad autónoma ya sufrió una caída en la recaudación de los tributos que gestiona (sucesiones y donaciones; transmisiones patrimoniales; actos jurídicos documentados y la tasa del juego) que ascendió al 22% de lo presupuestado inicialmente. Desde que comenzó la crisis, en agosto del 2007, los ingresos en concepto de impuestos gestionados por Castilla y León han caído el 40%.

Además, las cuentas de la Consejería de Hacienda para el presente año asumen un retroceso en la recaudación por estos impuestos cedidos del 13,06% -unos 93 millones de euros-, prácticamente la misma caída porcentual que se espera en el total de recursos fiscales que llegan a Castilla y León, pero que gestiona el Estado (el 50% del IRPF y del IVA, y el 58% de los Impuestos Especiales). En este caso, el retroceso supondrá otros 900 millones de euros. En total, unos mil millones.

Dos nuevos en el 2010

El estudio del Ministerio de Economía y Hacienda relata que en la actualidad todas las autonomías de régimen común, excepto Castilla y León, tienen impuestos propios vigentes y señala que en lo que llevamos del 2010, Cantabria y Galicia han ampliado la lista. El ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijoo ha fijado un canon eólico para gravar «los impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica». Precisamente Castilla y León es la comunidad española que cuenta con más recintos de molinos de viento.

Una buena parte de los impuestos creados por el resto de autonomías son, por así llamarlos, medioambientales (gravan el saneamiento de aguas, los vertidos contaminantes, las emisiones de gases...), un ámbito sobre el que cada vez existe una mayor conciencia ciudadana, lo que hace que sean mejor recibidos que, por ejemplo, aquéllos que cargan el consumo.

En general, las comunidades autónomas suelen evitar apretar las tuercas impositivas a los consumidores y contribuyentes particulares y suelen poner su punto de mira en las grandes empresas. Así, otras actividades gravadas por las autonomías y que, en principio 'pueden permitirse' esa carga fiscal son el negocio de la banca, o el de los centros comerciales.

Otros conceptos por los que es obligatorio tributar fiscalmente en según qué territorios van desde las actividades que pueden dar lugar a la activación de planes de protección civil, el juego del bingo, o la caza.
La cantidad de tributos propios y recargos es diferente en cada comunidad y oscila desde los seis instituidos por la Región de Murcia y Cataluña al único creado por Castilla-La Mancha, que grava «determinadas actividades que inciden en el medio ambiente».

De los 50 existentes, el impuesto autonómico que más réditos proporciona es el canon del agua establecido por Cataluña, que fija distintos tipos de gravamen en función de los usos. En el caso de los domésticos, existe una dotación básica de agua por vivienda, por encima de la cual el tipo de recargo se incrementa. Por este concepto, Cataluña ingresó en el 2008 un total de 321,79 millones. La Generalitat catalana es el ejecutivo autonómico que más dinero ingresa en sus arcas procedente de esos impuestos, con casi 400 millones.

Recargo sobre el IAE

Canarias es la segunda autonomía de régimen común con más recaudación, a pesar de que sólo cuenta con dos impuestos: el especial sobre combustibles derivados del petróleo (252 millones) y el canon de vertido (240.000 euros).

Al archipiélago le sigue la Comunidad Valenciana, con 184 millones de euros ingresados por el canon de saneamiento y por el recargo sobre la tasa que grava los juegos de azar en casinos.

En cuarto lugar se coloca Extremadura, donde los impuestos sobre aprovechamientos cinegéticos, sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas y sobre depósitos de las entidades de crédito generan unos ingresos de más de 70 millones de euros.

Madrid recauda alrededor de 55 millones por la tarifa de depuración de aguas residuales, el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos hoteleros, el depósito de residuos o el recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Precisamente, Madrid es junto con Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia, una de las cinco comunidades autónomas que aplica recargo del IAE.

Leer aquí: http://www.nortecastilla.es/v/20100628/economia/isla-impositiva-castilla-leon-20100628.html