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Areces subió los impuestos tres veces desde el inicio de su mandato
Publicado 20/06/2010
J. A. G.
GIJÓN

El Ejecutivo asturiano ha condicionado siempre cualquier reforma fiscal a un pacto nacional que nunca se ha producido

Cuatro subidas y una rebaja. Este puede ser el título de la película que resume once años de la política fiscal del Gobierno de Vicente Álvarez Areces, que prepara por el trámite de urgencia un incremento del tramo autonómico del IRPF, que se incrementará en dos puntos (23,5%), hasta situar el tipo impositivo total en el 45% para los contribuyentes con unas percepciones superiores a los 100.000 euros, siendo el aumento de tres puntos para las rentas superiores a los 175.000 euros. Asimismo, tocará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde contemplará un aumento, no se sabe si de uno o dos puntos, en el caso de que las masas patrimoniales excedan de los 400.000 o los 800.000 euros, respectivamente. La intención del Gobierno es incrementar en un punto el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y él de Actos Jurídicos Documentados, que pasaría del 1% al 1,2%. La cuarta pata de la mesa la representa el canon de saneamiento del agua cuya alza del 10% estaba previsto de antemano por el Ejecutivo de Areces.

Una reforma fiscal de baja intensidad a ojos de sus socios de gobierno, que reclaman mayor carga impositiva para los que tienen rentas más altas, y un error de gestión para los populares poco proclives a abordar cualquier incremento tributario en la actual coyuntura.

Estas discrepancias no suponen un escenario nuevo para Areces, que no ha encontrado apoyos explícitos en la Cámara cada vez que ha decidido tocar los impuestos. La primera vez fue en 2002. Tres años después de llegar el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara, los socialistas decidieron subir del 6 al 7% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se abona cuando se adquiere una vivienda de segunda mano. Curiosamente este impuesto puede ser el primero y el último que apruebe Areces como presidente del Principado ya que en la actual reforma fiscal que proyecta plantea elevar este listón hasta el 8%.

No se libró tampoco el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pasó entonces del 0,5 a 1%. En la actualidad, propone elevarlo al 1,2%.

Poco tiempo después de renovar su mandato en las urnas, el Gobierno presidido por Areces recurrió al recargo sobre los hidrocarburos o también denominado como 'céntimo sanitario'. El objetivo era paliar el déficit sanitario con la subida desde el 1 de enero de 2004 de dos céntimos el litro de gasóleo y 2,4 el de gasolina.

Ajustar a la baja sucesiones

Pasaron varios años y, con excepción de ligeros retoques, el Principado no alteró su planteamiento fiscal hasta que decidió seguir el camino abierto por otras comunidades con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Principado se vio casi obligado a hacer un ajuste a la baja por el método de elevar el mínimo exento hasta 150.000 euros de padres a hijos. El motivo era evitar la emigración fiscal ya que otras comunidades como el caso de Cantabria o Madrid habían aplicado ya esa rebaja.

En agosto de 2008, el Ejecutivo autonómico anuncia su intención de subir el canon de saneamiento para obtener recursos con los que afrontar uno de sus grandes objetivos de los próximos años: completar en 2015 la red de abastecimiento, saneamiento y depuración en Asturias. Sin embargo, esa pretensión se ha pospuesto y será a partir de ahora cuando tendrá repercusión en la factura que abonan los ciudadanos.
Lo cierto es que el Principado se mostró siempre muy cauto a la hora de tomar iniciativas fiscales. La parte socialista del Gobierno regional condicionó cualquier cambio a un gran pacto nacional que, hasta ahora, no se produjo. Y eso que tanto el propio Álvarez Areces como el consejero Jaime Rabanal insistieron en este discurso ante la dificultad, aseguran de contar con los ingresos suficientes para compensar el gasto de los servicios públicos. Ahora, la subida tributaria camina en otra dirección ya que tiene por objeto fundamental contribuir a la reducción de una deuda que a lo largo de los últimos años se ha incrementado de forma notable en todas las comunidades. Sólo cuando las administraciones públicas han visto las orejas al lobo han reaccionado y han pactado, al menos las socialistas, un incremento tributario que tiene dimensiones diferentes dependiendo del caso particular de cada territorio.

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