Abogados y economistas especializados

Encuentro muy acertadas las reflexiones realizadas por Admin, tanto en lo referido a los aspectos políticos como a los jurídicos. Efectivamente, es bastante probable que el Tripartit esté orquestando una simple puesta en escena, al estilo de "poli bueno, poli malo", mediante algunas enmiendas presupuestarias de escaso calado (de la tipología de: exenciones para jóvenes menores de 32 años con ingresos inferiores a cierto grado sobre el IPREM), a fin de ganar tiempo de cara a las próximas elecciones. En el Periódico de este domingo se informa de una REUNIÓN TÉCNICA para la próxima semana entre el secretario general del departamento de economia y finanzas y la secretaria de política económica de ERC, de la que sería conveniente conocer con detalle su resultado.
A mi juicio, una forma bastante efectiva de que la sociedad catalana en general esté informada sobre los avances en dichas negociaciones, podría consistir en que los columnistas y expertos que periódicamente publican sus artículos de opinión en los diferentes DIARIOS GENERALISTAS Y ECONÓMICOS, empiecen a tratar e informar sobre este tema con el máximo rigor y profundidad posible. Quizá la asociación podría contactar con ellos y hacerles llegar nuestras inquietudes.
En cuanto a la cuestión de ir avanzando paralelamente por la vía judicial, es realmente clarificadora la explicación sobre las actuaciones emprendidas por el profesor Durán-Sindreu, que puede ser complementaria a la que se menciona en este artículo publicado en la Gaceta de los Negocios del 5/10/2009, donde un equipo de juristas también se está planteando actuar por la via constitucional, siendo conscientes de la lentitud que ello comporta:
http://www.inspectoresdehacienda.org/images/stories/pdf/noticiasdelsector/octubre2009/051009_lagaceta_sector.pdf
Respecto a la posibilidad de contactar con los diferentes profesores y catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de las universidades y escuelas de negocios instaladas en Catalunya, posiblemente la mejor manera sería a través del propio profesor Duran-Sindreu, ya que mi capacidad de acceso a los mismos es reducida, por cuanto mi actividad profesional no se desarrolla en el ámbito académico, sino en la dirección financiera empresarial. A su vez, por la vía de nuestra asociación, se podría pedir la colaboración de instituciones tales como los Colegios de Abogados, Economistas y Empresistas, ACCID, Cámaras de Comercio, etc, a fin de que también se impliquen en que se solucione un tema de tal gravedad, que hace que los ciudadanos de Catalunya vuelvan a quedar altamente perjudicados, en relación a los de la mayoría de Comunidades Autónomas.

Jesus muy bien explicado y muy claro.

Mi modesto análisis sobre todos los temas que abordas es el siguiente:

No hay que esperar nada espectacular de las supuestas discusiones que se están llevando a cabo en el seno del Govern d'Entesa sobre el impuesto de sucesiones. Yo creo más bien que todo está ya "dat i beneit" desde hace días, pero se están escenificando esas supuestas discusiones i reuniones para dar más credibilidad a su resultado y "venderlo" luego a la opinión pública y a los votantes como un gran y trabajoso logro, fruto de incansables negociaciones y como lo máximo que se ha podido conseguir.

Por otra parte, no hay nada en absoluto que nos permita vaticinar esa igualación que esperas con el escalado y los tipos de Donaciones a partir del 1/1/2010, sino que más bien será lo que muy bien defines como "un simple juego de frases muy bien redactadas y de gran impacto mediático, pero vacías de contenido o con tanta "letra pequeña" que al final comportará que las clases medias acabarán soportando de nuevo la carga impositiva". Algo que ya hemos vivido en el 2.005 y en el 2.007. Ojalá me equivoque.

Es más, las declaraciones del Conseller Castells remitiendo a una nueva Ley para acabar de regular el tema son una muestra clara de que la intención es la de prolongar las expectativas de la ciudadanía hasta llegar a las elecciones con grandes promesas al respecto, situación que también hemos vivido en el pasado.

La otra vertiente que comentas, confiar en una posible "presión conjunta de CIU/ERC" me parece fuera de lugar, dado el implícito (y lícito) interés de permanencia en el Govern por parte de ERC. Pocas semanas atrás se dieron unas espectaculares declaraciones de los señores Puigcercós y Ridao sobre una más que posible "entente" con CiU sobre este tema, que se diluyeron como un azucarillo en menos de cuarenta y ocho horas, siendo reemplazadas por otras declaraciones sobre el progreso de las conversaciones en el seno del Govern para abordar el asunto, sobre las que ya he opinado al principio.

La Asociación ya ha hecho esa tarea de contacto con prestigiosos abogados/as a los que les voy a ahorrar ahora el bochorno de mencionarlos ni de contar como se nos han sacado de encima, de lo que quizá alguno/a estará ahora arrepentido/a ante el relieve mediático que estamos adquiriendo. De todos modos, nuestros asesores legales siempre nos han dicho que el camino del recurso de inconstitucionalidad solamente puede abordarse, a estas alturas, mediante la interposición de un recurso de un afectado ante la jurisdicción ordinaria que acabe escalando todas las instancias judiciales hasta llegar a un punto en que, o bien un juez plantee una cuestión de consulta sobre presunta inconstitucionalidad ante el TC para poder decidir sobre el asunto en su jurisdicción o bien se llegue al punto en que pueda plantearse ya directamente un recurso de amparo ante el TC. Esto es un proceso de años (por ejemplo, los pleitos sometidos al Tribunal Contencioso-Administrativo de Barcelona tardan una media de tres años en sentenciarse) y creemos que la presión política puede dar sus frutos mucho antes.

Respecto al profesor Antoni Duran-Sindreu, hablé este verano personalmente con él y se mostró totalmente abierto a que avancemos juntos en la vía que has expuesto del recurso de inconstitucionalidad. Pero hay varias razones por las que no lo he considerado seriamente.

Primera. Según me dijo el propio Duran-Sindreu, el ya ha elevado unos cuantos recursos por cuenta de clientes suyos, de los que está esperando el resultado. Entonces, ¿para qué vamos a iniciar nosotros otro? Si eso ya está en marcha, creo que nuestras energías están mejor empleadas en otro tipo de presión.

Segunda. La argumentación de que esta situación es inconstitucional, la basa el señor Duran-Sindreu (como se puede ver en algún vídeo u oír en algún audio publicados en este Foro) en que las Comunidades Autónomas que han reducido un 99% el impuesto no podían hacerlo. De alguna manera lo está equiparando a un fraude de Ley. Tesis original donde las haya, pero que en mi modesta opinión no se sostiene ante la letra de la Ley, aún aduciendo una supuesta colisión con otros preceptos de mayor rango. Y me sorprende que los asesores jurídicos de ocho Comunidades Autónomas no hayan visto ese problema al redactar las Leyes relativas a la deducción del 99% del impuesto en sus respectivas comunidades.

Tercera. La orientación que siempre le ha dado el señor Duran-Sindreu a sus declaraciones, a tenor de lo expuesto en el punto anterior, es la de defender que el impuesto debe regularse uniformemente en toda España, sin duda con deducciones mucho mayores, menor carga impositiva para las familias, etc. pero éste nos parece un camino harto largo y trabajoso. Mi particular tesis es que no estamos ante una cuestión que debe resolverse técnicamente sino políticamente. Si el equilibrio de fuerzas políticas en España permite que se tomen acuerdos en el Congreso de los Diputados en este sentido, estupendo. Si no se logra (esto ya se ha intentado varias veces sin éxito en el presente año) pero sin embargo es posible hacerlo solamente en Cataluña, como han hecho las otras comunidades sin esperar a ningún pacto a nivel estatal como parece que desea nuestro Govern, hagámoslo. Es decir, las familias están primero, no las teorías tributarias y los tribunales, ni siquiera el Constitucional y hemos de elegir el camino más corto.

Dicho esto, te tomo la palabra en cuanto a lo que comentas de "Existe cantidad de profesores de las diferentes ramas del derecho y la economía de la UAB, UB, Esade, Iese, UdG, URV, UdLL, Uvic, UOC, UiC, UNED, UPC, etc, que seguramente podrían colaborar en que la sociedad catalana se rebelara definitivamente contra tal injusticia, que está ocasionando graves problemas en muchas familias." y si dispones de contactos en los ambientes académicos que mencionas que nos faciliten el acceder a la colaboración de esas personas, te invito a que nos hagas de mediadora para conseguirlo.

Muchas gracias.

Irina , como miembro de la Junta me parece buena idea y es un tema a profundizar.
Se tendrá en cuenta. Aunque estos contactos no sean fácil de tener se intentará.
Si alguien puede facilitarlos que se comunique con nosotros.

Tras la presentación del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el año 2010, se constata que el actual gobierno no tiene la voluntad real de solucionar definitivamente (ni siquiera de forma gradual), el grave problema del agravio comparativo que existe en Catalunya respecto al ISD. El Conseller indica que se redactará una "ley específica" para reformar dicho impuesto que, si sigue la tendencia de algunas de las últimas reformas tributarias y sociales estatales y autonómicas, me temo que se quedará en un simple juego de frases muy bien redactadas y de gran impacto mediático, pero vacías de contenido o con tanta "letra pequeña" que al final comportará que las clases medias acabarán soportando de nuevo la carga impositiva (tal como dicta la siempre presente Curva de Gauss).
Es de esperar que el debate parlamentario de dichos presupuestos corrija urgentemente la situación de forma de que, como mínimo, desde el día 1/1/2010 el escalado de bases liquidables y tipos impositivos del Impuesto sobre Sucesiones se iguale con lo vigente actualmente para los casos de Donaciones de los Grupos I y II.
Como existe una alta probabilidad de que la parálisis política no permita avanzar (salvo que la presión conjunta de CIU/ERC y algún minoritario sea eficaz o el último anuncio del acuerdo Puigcercós/Castells no se diluya), quizá sería interesante que se estudiara paralelamente la posibilidad de que la asociación contacte con un grupo especializado de abogados, economistas, profesores universitarios, etc, para plantear la opción de presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra ese impuesto, que en ciertos casos puede llegar a ser altamente confiscatorio, junto con las connotaciones derivadas de la doble tributación acumulada en el tiempo que dicha reliquia medieval comporta.
Un ejemplo de profesional altamente cualificado es el Dr. Antoni Durán-Sindreu Buixadé profesor de Derecho Tributario de la Universitat Pompeu Fabra, del que un conocido mio que ha sido alumno suyo me comenta que es "una máquina". Existe cantidad de profesores de las diferentes ramas del derecho y la economía de la UAB, UB, Esade, Iese, UdG, URV, UdLL, Uvic, UOC, UiC, UNED, UPC, etc, que seguramente podrían colaborar en que la sociedad catalana se revelara definitivamente contra tal injusticia, que está ocasionando graves problemas en muchas familias.