15/04/2011 - EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - Editorial - Impuesto de sucesiones, ¿qué hacer?

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Editorial
Impuesto de sucesiones, ¿qué hacer?
Publicado 15/04/2011. Edición impresa, pág. 6

El debate sobre el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) ha aterrizado en la precampaña. La candidata del PP, Luisa Fernanda Rudi, promete reducirlo sustancialmente. La del PSOE, Eva Almunia, mantiene una actitud más prudente al respecto aunque no se cierra en banda a posibles rebajas; sobre todo si ha de aliarse con el PAR tras la cita electoral del 22 de mayo. Al tiempo, el despacho de abogados zaragozano Ilex daba a conocer un estudio de derecho comparado en el que se pasa revista a la situación del ISD en España, marcada por las notorias diferencias entre unas comunidades y otras. A fecha de hoy, sólo Aragón, Asturias, Andalucía y Extremadura mantienen tal impuesto. Los demás territorios lo han abolido o casi. El agravio comparativo salta a la vista.

El contribuyente aragonés paga por herencias o donaciones cantidades muy superiores a las que han de abonar otros conciudadanos. En realidad la concreción del ISD varía de manera notable según la comunidad de que se trate. En algunas tiene un coste cero, en otras no pasa de lo simbólico. La contradicción con el principio constitucional según el cual todos los españoles son iguales ante la ley es evidente. El mínimo exento del ISD vigente en Aragón es de los más bajos de España. En consecuencia, grandes patrimonios aragoneses han ubicado su domicilio fiscal en Madrid o, sobre todo, Navarra.

El problema de fondo no es otro que la creciente competencia entre comunidades a la hora de ofrecer una fiscalidad más ligera. La diferencia entre territorios aumenta y ya no sólo afecta a los ámbitos forales. Así, treinta millones de españoles, según cálculos de Ilex, no pagan ya impuesto de sucesiones y en algunos casos tampoco el de donaciones.

La otra cara de la moneda está en el endeudamiento de las autonomías y su perentoria necesidad de obtener mayores aportaciones de la Administración central o de reducir gastos rebajando la calidad de sus servicios públicos. Este círculo vicioso está rodeado de trampas políticas, pues cada comunidad intenta resolver su irresponsabilidad fiscal obteniendo ventajas particulares sobre sus vecinos en una dinámica insostenible.

El impuesto de sucesiones y donaciones aragonés no podrá mantenerse en este contexto. Sin embargo, y aun precisando algunas correcciones, su existencia tiene lógica. Lo que no resulta razonable es el agravio territorial que produce. Es ahí donde radica el quid de la cuestión.

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