29/08/2010 - Política - Catalunya, fin de etapa

LA VANGUARDIA.ES
Política
Catalunya, fin de etapa
Publicado 29/08/2010
ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

EL DEBATE CATALÁN

Tras cuatro años, las expectativas del tripartito se hunden, las de CiU se disparan | Los casos judiciales, Pretoria y Palau, cambian la dinámica de la política catalana

"Está claro que serán en otoño". Así, hermético, se muestra aún el presidente de la Generalitat, José Montilla, sobre la fecha de las elecciones catalanas. Y aunque sostiene que el Govern "todavía tiene muchas cosas que hacer antes de las elecciones", Montilla es consciente de que la próxima semana se acaban las vacaciones y comienza el fin de un ciclo.

La prohibición de los toros, la puntilla

Durante cuatro años, ningún tema monopolizó el debate político catalán y español como la decisión del Parlament de prohibir las corridas de toros en Catalunya a partir del 2012. El Estatut y la sentencia del Constitucional habían llenado páginas y páginas durante cuatro años, pero atreverse a poner fecha final a la fiesta nacional fue la hecatombe.

El enfrentamiento político Catalunya-España estaba servido a costa de una iniciativa legislativa popular, avalada por 180.000 firmas, que convirtió la Cámara catalana en el centro del mundo mediático por unas horas. El debate en el hemiciclo discurrió entre argumentos enfrentados de animalistas y protaurinos, pero en el exterior, se buscaban réditos políticos.

El PP, tras la satisfacción por la sentencia del Estatut, encontraba un nuevo caballo de batalla para exhibir españolidad y situar, de nuevo, a los socialistas en tierras movedizas. El president Montilla había votado en contra de la prohibición, pero sus socios de ERC e ICV la apoyaron junto a la mayor parte de los diputados de CiU, con Artur Mas al frente. La división del Govern no fue sólo por partidos. El conseller de Economia, Antoni Castells, después de renunciar a las listas del PSC, se abstuvo.

Catalunya se sitúa, otra vez en la encrucijada. Nuevas dudas e interrogantes para la sociedad catalana que se enfrentará a las urnas luchando contra los efectos de la crisis económica y con ansias de reconocimiento de la identidad propia. Es el resultado de cuatro años convulsos de gobierno tripartito, el segundo, condicionado hasta el final por el desarrollo incierto del Estatut y la espada de Damocles de la sentencia del Tribunal Constitucional, que esperó al tramo final de la legislatura para caer sobre Catalunya. Una sentencia que ha acabado por desmembrar un gobierno cuyos socios afrontaron el fallo con diferentes visiones del modelo de Estado. Federalismo, pero poco, más federalismo o independentismo.

Hasta que llegó el Constitucional, los políticos catalanes se habían pasado más de tres años haciendo cábalas sobre la respuesta que se debía dar a un recorte del Estatut después confirmado. El president se esforzaba en evitar situarse en el peor de los escenarios, CiU capitalizaba el malestar catalán en defensa de la dignidad catalana y ERC se abrazaba más fuerte que nunca a la estelada, intentando sin éxito tomar una ola en medio de la marea creciente de independentismo. Dar respuesta a las inquietudes identitarias mostradas en la multitudinaria manifestación del 10 de julio es el nuevo reto de los partidos catalanistas. Mientras, el PP le ha tomado el gusto a explotar su lado más españolista.

Pero no sólo de elucubraciones sobre el pasado, presente y futuro del Estatut ha vivido la política catalana esta legislatura. El 1 de noviembre del 2006 José Montilla se quedó a once escaños de Artur Mas en las elecciones, pero acabó tomando el mando de la Generalitat gracias a los votos de ERC e ICV-EUiA. Con el lema "Fets, no paraules", pretendió cerrar el debate sobre las esencias y concentrarse en sacar partido del mayor autogobierno. Cuatro años después, las expectativas electorales del tripartito están por los suelos, la desafección política se ha impuesto y el independentismo ha crecido hasta cotas desconocidas. Eso sí, de forma proporcional a la fragmentación de las opciones políticas que lo defienden. Y una imagen: de los padres de este Govern –Montilla, el vicepresidente Josep Lluís Carod- Rovira y el conseller de Interior, Joan Saura– sólo el president sobrevive políticamente. Carod, sacrificado por su propio partido; Saura, víctima del relevo natural y el desgaste público.

En el terreno de los hechos, más de dos años le costó al Govern cerrar un acuerdo de financiación autonómica que aumenta los recursos de la Generalitat gracias a la mayor participación en los impuestos y que la crisis se ha encargado ahora de recortar. Un sistema que sólo defiende el PSC, mientras CiU ya planea negociar desde la Generalitat sobre la base del concierto económico vasco.

Junto a la financiación, el traspaso de la red de cercanías de Renfe el pasado 1 de enero es el logro estrella en las negociaciones con el Gobierno socialista a partir de la letra del Estatut. La inspección de trabajo, la expedición de permisos de trabajo para inmigrantes, la ordenación del litoral o las comunicaciones electrónicas son algunas de la decena escasa de competencias transferidas. Ninguna ha sido fácil. Y muchos son los temas pendientes en la mesa de la comisión bilateral Estado-Generalitat. Y fuera del Estatut, como la participación en la gestión del aeropuerto de El Prat prevista hace más de un año.

En las palabras, Montilla ha tensado la relación con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la reacción ha sido unánime. Críticas. En Catalunya, por su "dependencia" del PSOE. De los barones socialistas, por su "seguidismo" de los nacionalistas catalanes. Ahora, puede ser la primera víctima electoral de los vaivenes en la política económica del Gobierno, de los recortes de ida y vuelta en las inversiones en infraestructuras, de las subidas de impuestos, pero también de la crisis de credibilidad de Zapatero. El president Montilla también se enfrenta a las dificultades para hilvanar un discurso que responda a las nuevas inquietudes del electorado catalán. El PSC defiende en solitario la vigencia del pacto constitucional y estatutario. El proyecto de gobierno tripartito cae así en saco roto, hasta nuevo aviso. Aunque durante la legislatura ya han sido muchos los desencuentros en esas cuestiones llamadas "de país".

PSC y ERC pactaron con CiU la ley de Educación que sus socios de ICV enmendaron, la división les acompaña ante infraestructuras en marcha como el cuarto cinturón y la batalla para la rebaja del impuesto de sucesiones dejó en evidencia a un Govern en el que los ecosocialistas, la fuerza minoritaria del Ejecutivo, han ganado con su intransigencia más batallas de las previstas. Tantas, que hasta ERC, la rémora del primer tripartito, se ha pasado la legislatura cargando las tintas contra sus socios ante el estoicismo socialista. La incapacidad de consensuar criterios para la ley electoral catalana y una ley de Veguerías inocua por las cuitas socialistas evidencian las dificultades tripartitas.

También en la gestión de situaciones sobrevenidas la cohesión del tripartito se enredó. La peor sequía en Catalunya en medio siglo provocó en el 2008 una particular guerra del agua en el Govern. La tragedia del incendio de Horta de Sant Joan, donde murieron cinco bomberos, puso en la picota a Saura, que se sometió a la primera comisión de investigación de la legislatura.

Después llegó otra, pero el protagonista eran las cuentas de CiU. La conmoción provocada por el desfalco del Palau de la Música en manos de Fèlix Millet y Jordi Montull acabó salpicando a la federación nacionalista por sus convenios con Millet y, de rebote, a la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol. Confiaba el tripartito en el desgaste de los nacionalistas. Un tribunal político, según los convergentes, que el juez, de momento, obvia. Otra cosa es el caso del hotel del Palau. Los socialistas comenzarán septiembre viendo al teniente de alcalde de Barcelona Ramon García Bragado declarando como imputado. Pero para sobresalto judicial, la entrada de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet se llevó por delante el futuro de su alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, y puso bajo la lupa policial otros municipios del área metropolitana de Barcelona. Detenidos, junto a él, el cabecilla de la supuesta trama, Luis García, Luigi, y los ex altos cargos del Govern Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Ahí, PSC y CiU pactaron tablas.

Leer aquí: http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20100829/53991701639/catalunya-fin-de-etapa.html