15/06/2010 - DIARIO DE LEÓN.ES - Opinión - ¿A qué espera Herrera?

DIARIO DE LEÓN.ES
Opinión
¿A qué espera Herrera?
Publicado 15/06/2010
Pedro Vicente

Desde que la crisis ha diezmado seriamente las arcas de las comunidades autónomas, estamos viendo como casi todas ellas están tomando medidas para salvar sus problemas financieros. Dichas medidas se orientan indistintamente a la disminución del gasto público o a una recaudación suplementaria mediante el incremento de la fiscalidad autonómica. Esto último es lo que han comenzado a poner en marcha varias comunidades con gobierno socialista al elevar los tipos impositivos a las rentas más altas en el tramo del IRPF transferido a las autonomías. Ambas actuaciones, el recorte en el gasto público y la subida de la presión fiscal, no son incompatibles. De hecho, los gobiernos autonómicos que han optado por lo segundo han acompañado esa política fiscal, que no será efectiva hasta el próximo ejercicio, con medidas de austeridad que palíen sus desfases presupuestarios. Mientras que las comunidades gobernadas por el PSOE están ejerciendo, cada cual como le parece, esa «corresponsabilidad fiscal» que les permite la Ley, las del PP siguen a rajatabla la consigna de no incrementar bajo ninguna circunstancia la presión fiscal. No habrá por tanto en Castilla y León subida del IRPF a las rentas más altas y, pese al preocupante agujero financiero de la Sanidad autonómica, tampoco se contempla el recargo del «céntimo sanitario» sobre las gasolinas. También está descartada la reimplantación del Impuesto de Sucesiones, cuya supresión mermó los ingresos en 144 millones de euros.

Se podrá compartir o no, pero ésta es la política fiscal del PP y la Junta es del todo coherente con ella. Lo verdaderamente sorprendente es que, a diferencia de otras comunidades, tanto de un signo como de otro, a estas alturas la de Castilla y León mantenga tal cual la estructura de gobierno con la que comenzó la actual Legislatura. Ni se ha reducido el número de Consejerías, ni se ha recortado el organigrama de altos cargos (en torno a un centenar), ni se ha reestructurado el conjunto de empresas, sociedades, fundaciones y demás entes públicos de los que se ha ido dotando la Administración autonómica. De igual forma que en materia fiscal la Junta actúa con coherencia, su resistencia a reducir estructura y organigrama de gobierno se compadece mal con la permanente exigencia del PP para que lo haga la administración central. Desde hace tiempo el gobierno Herrera viene aplicando a la chita callando un duro plan de ajuste con recortes tanto en gasto corriente como en los capítulos de subvenciones e inversiones. La drástica reducción de la oferta pública de empleo a poco más de la mitad de las plazas convocadas el pasado año fue otra de las medidas adoptadas dentro de ese ajuste cuyo alcance nunca se ha dado a conocer.

Es posible que la reducción del número de altos cargos o de entes públicos no comporte un ahorro sustancial en términos cuantitativos. Pero no se trata tanto de la cuantía del ahorro como del gesto ejemplarizante de transmitir a la ciudadanía que la austeridad bien entendida empieza por los propios responsables de administrar el dinero público. A estas alturas de la crisis, nadie entiende a qué espera Juan Vicente Herrera para asumir un principio tan elemental.

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