21/01/2010 - Economía - TRIBUNA - Sucesiones

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21/01/2010 - Economía - TRIBUNA - Sucesiones

Missatge  Montser el Dj 21 Gen 2010, 08:33

LA VANGUARDIA
Economía
TRIBUNA
Sucesiones
Publicado 21/01/2010. Edición impresa, pág. 60
GUILLEM LÓPEZ CASANOVAS, Catedrático de Economía de la UPF

El nuevo impuesto beneficia sobre todo al 5% de declarantes con más patrimonio

Será a finales de mes cuando se proceda a la entrada en el Parlamento para la discusión y aprobación en su caso del que habrá de ser el nuevo impuesto de sucesiones y donaciones. Termina así un largo periplo desafortunado para la pedagogía fiscal. Nadie quiere pagar impuestos si su vecino no lo hace, ya sea en su territorio o en el colindante. Sin embargo, de haberse aprobado en su momento el anteproyecto inicial, hace cuatro años, Catalunya hubiera podido encabezar la sensatez en la reforma de este impuesto y no acabar yendo a remolque de lo que han sido los aconteceres recientes sobre la bondad de dicha exacción fiscal. En el ínterin se han oído demagogias múltiples a las que incluso algunos académicos se han sumado: del peaje de la muerte a la supuesta doble imposición de la renta. En fin, no son buenos tiempos para la equidad fiscal, ni para un sector público que ve cuestionado su modus vivendi, por el lado del gasto, a decir verdad, a veces de manera más que justificada.

El proyecto de nuevo impuesto no resuelve sin embargo todos los problemas, aunque bien es cierto que el margen de maniobra que la ley concede a las comunidades autónomas para solucionarlos es muy reducido salvo que se exceda o se utilice al límite de lo discutible. Problemas que no están tan sólo en la operativa para los que contribuyen como en la inspección de quienes lo eluden. En efecto, no deja de ser paradójico que para intentar igualar en mayor medida "el terreno de juego fiscal" se haya tenido que proceder a una reforma del impuesto que lo hace en sí mismo más regresivo. En efecto, entre quienes lo pagan, la reforma beneficia especialmente a las grandes fortunas: el 5% de declarantes más ricos, de acuerdo con la simulación de datos del ejercicio 2008, se ahorraría con el nuevo impuesto propuesto prácticamente el total de la recaudación que se prevé perder: un 66% del total, ni más ni menos. Claro está que la injusticia fiscal no se ha de juzgar entre los que pagan, sino precisamente entre los que no lo hacen. Se puede entender fácilmente que el nuevo impuesto no puede afectar a quienes albergan legítimamente una expectativa ligada por lo demás a la sucesión efectiva de una empresa familiar, y menos en una situación como la actual, por lo que en este sentido no se puede exigir más a la reforma como tal.

Sin embargo, en un momento de necesidades de financiación pública para diversos ámbitos de la política social, tamaña pérdida de recaudación, además de los indicios de mayor regresividad identificados, obliga a que la inspección tributaria extreme sus medidas para garantizar que el no gravamen se ajusta a la previsión de la ley y no es un falso subterfugio para patrimonios que si se examinan con cuidado mantienen tenue o nula vinculación a las empresas en cuestión. En este sentido, hay que recordar que la bonificación del 95% en el caso de transmisión de empresas familiares tiene como única finalidad que la fiscalidad no sea un obstáculo para la continuidad de este tipo de empresas, en las que se concentra un importante número de empleos que, con dicha bonificación, se pretende preservar.

Es, pues, necesario que la inspección de la Administración afine en todas sus actuaciones para comprobar que la bonificación se ha aplicado de acuerdo con la finalidad que la justifica más allá del cumplimiento literal de la ley: si no hay empresa o, mejor, si no hay actividad económica, los requisitos formales de persona y local son irrelevantes; aspecto este fundamental para atraer al impuesto a aquellos patrimonios que con una interpretación literal eluden el impuesto y alteran gravemente su equidad.

En todo caso, para los que hemos abogado desde el principio por la reforma y no por la supresión del impuesto, con argumentos tan liberales como los que esgrime el semanario The Economist o desde postulados sociales meritocráticos, nos toca ahora exigir más que nunca la eficiencia del gasto público y una mayor inspección que evite el fraude.

Leer aquí: http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100121/53874816899.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100121/53874816899.html

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